El Senado de la República de México aprobó, con una mayoría de 77 votos a favor, la implementación de sanciones contra las personas que realicen las conocidas como terapias de conversión sexual. Esta medida, respaldada por cuatro votos en contra y 15 abstenciones, tiene como objetivo combatir prácticas que intentan modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas, una violación flagrante de los derechos humanos y una práctica condenada por la Organización Mundial de la Salud.
El dictamen aprobado, enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación, establece penas de dos a seis años de prisión, así como multas considerables, para aquellos que realicen, impulsen, financien o promuevan tratamientos, terapias o prácticas que busquen modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Se destaca que estas sanciones se duplicarán si las prácticas se llevan a cabo contra menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
Además de las sanciones penales, el dictamen contempla la destitución e inhabilitación de los infractores que ocupen cargos públicos, así como la suspensión de actividades profesionales para aquellos relacionados con el ámbito de la salud que incurran en estas prácticas.
El proyecto de decreto también simplifica el proceso de denuncia, permitiendo que la presentación de una denuncia sea suficiente para iniciar una investigación sobre los hechos relacionados con las terapias de conversión.
Es importante resaltar que estas terapias, que suelen involucrar abusos físicos, psicológicos y sexuales, se presentan como intentos de “curar” la homosexualidad u otras identidades sexuales no conformes con las normas sociales. Sin embargo, la homosexualidad ha sido desclasificada como una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud desde 1990, y estas prácticas han sido condenadas por múltiples organizaciones de derechos humanos y profesionales de la salud.
El Senado de México, al aprobar este dictamen, envía un mensaje contundente en defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, reafirmando el compromiso del país con la igualdad y la diversidad.